Desde el Gremio de la Industria del Cannabis, queremos manifestar nuestra profunda preocupación y rechazo ante la reciente campaña de inspecciones impulsada por el Ayuntamiento de Barcelona contra los comercios grow shop, muchos de los cuales cuentan con más de 25 años de trayectoria en la ciudad
Estas actuaciones, llevadas a cabo por la Guardia Urbana, han incluido el precinto de productos, la apertura de actas sancionadoras e incluso la incautación de productos totalmente legales, amparados por la legislación española y europea. El objetivo declarado de esta ofensiva no es únicamente el control administrativo, sino también abrir la vía penal contra actividades plenamente reguladas y legales, lo cual constituye un grave atentado contra los derechos de comerciantes y ciudadanos.
El argumento utilizado por la administración municipal, que sostiene que estos comercios «no contribuyen a la riqueza cultural ni al desarrollo económico de la ciudad», es no solo falso, sino profundamente ofensivo. El sector del cannabis, en su vertiente industrial, hortícola y de bienestar, ha demostrado durante décadas ser una fuente de empleo, innovación y educación para miles de personas en Barcelona y en todo el país.
Nos encontramos ante una criminalización injustificada de un tejido comercial histórico, que ha actuado siempre dentro del marco legal y ha colaborado activamente en campañas de información, buenas prácticas y responsabilidad. Estas inspecciones, lejos de aportar claridad, generan inseguridad jurídica, vulnerabilidad de derechos y un alarmante precedente para la libertad de comercio y la seguridad del sector.